El Senado de la Nación tratará este viernes la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca introducir cambios estructurales en el régimen tributario argentino, con el objetivo declarado de simplificar el sistema, reducir la litigiosidad penal y redefinir el alcance de los controles fiscales sobre personas y empresas. El oficialismo confía en avanzar con la sanción de la norma durante la sesión prevista para hoy, en paralelo con el debate del Presupuesto 2026. El proyecto contempla modificaciones de fondo al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a la Ley de Procedimiento Fiscal (11.683), al Código Civil y Comercial de la Nación y crea un nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada. El núcleo de la propuesta se apoya en la idea de “inocencia fiscal”, un concepto que, según el Gobierno, apunta a invertir la lógica de presunción de culpabilidad y otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes cumplidores. Uno de los ejes centrales es la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. El régimen establece un tope de patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos para poder acceder y elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales, así como el control sobre los consumos personales. En la práctica, esto implica que el organismo recaudador, la ARCA, solo liquidará el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados por el contribuyente. Para el oficialismo, la Ley de Inocencia Fiscal representa una herramienta para ampliar la base de contribuyentes, mejorar la recaudación y reducir la persecución penal. Sobre esa base imponible se aplicarán las deducciones correspondientes, sin considerar eventuales incrementos patrimoniales que, bajo este esquema, no serán objeto de fiscalización. El artículo 39 del proyecto introduce otro punto relevante al establecer el denominado “efecto liberatorio del pago”. El cambio implica una reducción significativa del universo de contribuyentes alcanzados por el régimen penal. Otro aspecto central es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que baja de cinco a tres años. En particular, se incrementan las multas por la presentación fuera de término de las declaraciones juradas, en un intento por compensar la flexibilización de otros controles. El debate en el Senado se da en un contexto de fuerte discusión política y técnica. Este mecanismo busca reducir la judicialización de conflictos tributarios y acelerar la regularización de deudas. La iniciativa también redefine los umbrales que configuran delitos tributarios. Además, se establece que ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes, aunque este beneficio solo podrá utilizarse una vez por persona o empresa. En los casos en que la denuncia penal aún no haya sido formalizada, el proyecto prevé la extinción de la acción si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación, abonando un adicional del 50 por ciento sobre el monto adeudado. Para que una conducta sea considerada evasión agravada, el piso pasa a ser superior a los 1.000 millones de pesos, cuando hasta ahora se ubicaba en torno a los 15 millones. De acuerdo con la iniciativa oficial, quienes adhieran a este esquema quedarán “blindados” frente a futuras revisiones patrimoniales. En el caso de la evasión simple, el monto mínimo se eleva de 1,5 millones de pesos a 100 millones.
